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Boletín de prensa 2 de agosto de 2011
EL TIEMPO
PARQUEADEROS TENDRÁN QUE RESPONDER POR DAÑOS EN VEHÍCULOS
El 15 por ciento de los bogotanos sigue prefiriendo movilizarse en carro o en moto.
Así lo establece el estatuto del consumidor que la plenaria del Senado aprobaría este martes.
Si el estatuto del consumidor es aprobado en último debate en la plenaria del Senado, como está previsto, los parqueaderos tendrán que responder por los daños que sufran allí los vehículos; los distribuidores no podrán evadir la garantía de lo que venden, y un menor solo podrá comprar por Internet si tiene autorización firmada de sus padres.
Además, en los créditos otorgados por personas naturales o jurídicas no vigiladas por una autoridad administrativa (desde prestamistas hasta grandes almacenes y empresas), se deberá informar al consumidor el interés, la periodicidad de los pagos, el número de las cuotas y el monto de la cuota que deberá pagar.
Las tasas deberán estar dentro de los límites legales y los intereses moratorios solo se podrán cobrar sobre cuotas vencidas.
Estos son solo algunos de los puntos contemplados en los 82 artículos del proyecto.
Antonio Guerra, ponente de la iniciativa, explicó que, una vez sancionada, el procedimiento de reclamación, en caso de que el productor o el vendedor no responda (tiene 15 días hábiles para hacerlo), será muy sencillo y no se requerirá un abogado.
El caso puede ser conocidos a manera de prevención por jueces civiles o la Superintendencia de Industria y Comercio. Será un proceso verbal sumario, que no puede durar más de tres meses.
El proyecto no tendría inconvenientes en el Congreso.
Parqueaderos deben responder por robos
Según el estatuto, quien preste un servicio de parqueadero "debe asumir la custodia y conservación adecuada del bien y, por lo tanto, de la integridad de los elementos que lo componen". El parqueadero debe expedir un recibo en el que conste el estado del automotor, para que se responda por este cuando hay daño o robo. Si el establecimiento es gratuito, solo se responde si hay dolo.
Ventas por Internet, con más regulación
Los vendedores deben establecer mecanismos eficientes para que les hagan reclamos y devoluciones. Están obligados a devolver el dinero si el producto no deja satisfecho al comprador, y quedan prohibidas las disposiciones contractuales en la que se presuma la voluntad del consumidor, o en las que su silencio se considere como consentimiento, si de esto se derivan obligaciones a su cargo. Si el comprador es menor, el vendedor debe dejar constancia de la autorización de los padres.
Publicidad, sin falsas promesas
Según la norma, "quien utilice la publicidad asume la responsabilidad de lo que en ella se dice, para que no engañe a los consumidores ni los induzca a error".
Agrega que quien anuncia responderá por los daños y perjuicios que cause, si su publicidad no se corresponde
con la realidad.
Prórrogas en servicios se podrán suspender
Cuando un contrato se prorrogue automáticamente una vez vencido el tiempo mínimo de permanencia, el consumidor tendrá derecho a terminar el contrato en cualquier momento de la prórroga, sin pagar por esto. Solo se podrá exigir permanencia si se le da al comprador un beneficio adicional al contemplado en el acuerdo inicial.
Garantía para todo producto o servicio
Si el productor no informa sobre el periodo de garantía, se presumirá que es de un año para bienes nuevos. Los artículos de segunda se podrán vender sin garantía, si se le indica de manera expresa al comprador. Si no, la garantía será de tres meses. Los productores y expendedores tienen responsabilidad frente a los consumidores por los daños que causen los productos que pongan en el mercado.
Derecho a arrepentirse
El estatuto establece el derecho de los consumidores a reflexionar y a arrepentirse de una relación de consumo, cuando esta tuvo lugar en situaciones especiales, como ventas a distancia, financiadas o utilizando mecanismos no tradicionales por fuera del establecimiento de comercio.
'CONGRESO NO DA GARANTÍAS PARA EL MATRIMONIO GAY', DICEN CIBERNAUTAS
A través de redes sociales los ciudadanos opinaron que se busca igualdad con este reconocimiento.
Las inquietudes por parte de los ciudadanos persisten ante la decisión de la Corte Constitucional de reconocer como legal la unión homosexual y dejar en manos del Congreso la legislación al respecto, incluida la del matrimonio.
Las redes sociales han sido el lugar para abrir el diálogo y la discusión al respecto. En un sondeo, llevado a cabo en el 'FanPage' de Facebook de EL TIEMPO, se preguntó a los usuarios si el Congreso ofrece las garantías necesarias para regular el matrimonio homosexual en Colombia.
Un 81,88% respondió que 'No' hay garantías en el legislativo, un 8,43% dijo que 'Sí' y el 10,91% no sabe o no responde.
La discusión está muy dividida. Carlos Ángel Díaz, quien no está de acuerdo con la legalidad de las parejas homosexuales, afirma que la Corte se lavó las manos y que "no quieren decidir nada en concreto porque nadie quiere llevar esa carga sobre su espalda".
Ana Raskolnikov no considera que la Corte haya tomado una verdadera decisión y señala que lo que hizo fue dejar "la situación a merced de otros". Finalmente, calificó el pronunciamiento como un acto de cobardía. Jay Ale Varela dice que es un buen comienzo, pero aún le parece "muy poco".
La idea de reconocer la legalidad de familias conformadas por personas del mismo sexo genera tanto aceptación como rechazo.
Aunque respeta a estas parejas, la psicóloga Yury Paola Marín no está de acuerdo con que adopten hijos porque dicha situación podría impedir el desarrollo integral del menor.
Sin embargo, Ely Doria, de la misma profesión, no está de acuerdo con esta postura y asegura que la sexualidad de los padres no influye en la de sus hijos de manera negativa. "La homosexualidad no es una enfermedad o deformidad. Conozco casos de parejas gay cuyos hijos tienen una educación llena de valores", explicó.
Aunque unos aceptan más que otros esta nueva configuración familiar, aún es una idea muy controvertida en la opinión pública. Claudia Shroeder sostiene que "Familia significa un padre, una madre e hijos". La contradice Manuel Cano al decir que "Dios creó al hombre y la mujer, pero no necesariamente para que estén juntos".
Matrimonio en igualdad de condiciones para los LGBT
Otro sondeo de ELTIEMPO.COM, indagó por las motivaciones e intereses que la comunidad LGBT tiene con la aprobación del matrimonio igualitario.
Más de 520 personas eligieron su respuesta. Los resultados fueron:
a. "Adoptar hijos" (3,45%)
b. "Casarse en igualdad de condiciones que una pareja heterosexual" (47,21%)
c. "Reconocimiento social" (11,13%)
d. "La no discriminación" (0,38%)
e. "Todas las anteriores" (35,31%).
Así, las dos mayores aspiraciones de las parejas homosexuales, según los usuarios que respondieron la pregunta, se encuentran no solo en casarse con igualdad de condiciones que las heterosexuales, sino en que en general se les respete, acepte y se les vea como iguales en todos los planos de su vida.
CRITICAN PROYECTO CONTRA DISCRIMINACIÓN DE RAZA, ORIENTACIÓN Y GÉNERO
La multiplicidad de orígenes raciales de los colombianos es una característica tan definitiva de la nacionalidad que fue elevada a rango constitucional en 1991.
Iniciativa (aprobada en el Congreso), contempla hasta cárcel para quien incurra en estas prácticas.
Estamos incurriendo en populismo con el tema afro: se prometen leyes en vez de políticas públicas completas, que son más exigentes, y se "apoya el proyecto de ley que penaliza el racismo", sin considerar, aparentemente, sus probables consecuencias no deseadas.
Aunque la Comisión Primera de la Cámara, en tercer debate, modificó el objeto de la ley al incluir las diferentes razones de discriminación, el país sigue creyendo que el proyecto es solo para castigar con cárcel el racismo que afecta a los ciudadanos negros, pero ya no es así.
Sí fue el espíritu inicial, y por eso sus promotores, encabezados por el partido Mira, están descontentos.
En la audiencia pública en la Cámara incluso se propuso una "futura ley para penalizar los demás tipos de discriminación", y la bancada afrocolombiana envió una carta solicitando circunscribir el proyecto a la discriminación étnico-racial.
Lo llamativo es que la ampliación del objeto del proyecto de ley se hizo en acuerdo con el Gobierno, que lo presenta como punto avanzado de su agenda afro, mientras muchos activistas dicen que el proyecto se ha desvirtuado.
El Senado había aprobado de uno a tres años de prisión y multa de 10 a 15 salarios mínimos para "actos inequívocos" de agresión física o verbal, menoscabo de derechos y libertades, y hostigamiento por motivos raciales o étnicos.
Con "circunstancias de agravación punitiva", de una tercera parte a la mitad de la pena, por lugar (público o medio de comunicación), ejecutor (funcionario o prestador de servicio público), víctima (niño o adulto mayor) o alcance (lesión de derechos fundamentales o laborales) de los actos de racismo.
La Coisión Primera de la Cámara añadió los motivos de "religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual", en sintonía con el Artículo 13 de la Constitución, y una norma para castigar la "apología del genocidio" hasta con 15 años de prisión, seguramente pensando en los neonazis de reciente exhibición en Bogotá.
Si bien el objeto pasó de racismo a discriminación y hubo supresiones en la redacción, para efectos prácticos (y simbólicos) esta sería una ley de penalización de la discriminación racial, en primer lugar. Cuando las líderes de la causa femenina lean esto en la ponencia para tercer debate: "(...) en Colombia se presentan actos de discriminación por razones de género hacia las mujeres a nivel laboral, salarial y político", sabrán que la nueva arma de lucha estará en el Código Penal.
Y para la población LGBT es claro que la "orientación sexual" como motivo de discriminación es la que más les afecta. En suma, vamos en que las tres discriminaciones más frecuentes en Colombia se enfrentarán con prisión de la noche a la mañana.
Obviamente, no se trata de una política pública hecha con rigor
Expedir una ley es un recurso importante, a menudo indispensable, cuando la construcción de un "problema público" ha pasado por varias fases. Sin desagregar las diferentes discriminaciones, en Colombia apenas andamos en la etapa de saber de qué estamos hablando, que es más técnica que política, a diferencia de la primera, cuando se decide que una situación es inaceptable.
También es muy precaria su incorporación a las "distintas lógicas político-institucionales", pasos que ayudan a elaborar con tino "normativas legales, programas o servicios públicos".
Pero, sobre todo, cuando el problema se origina en prejuicios sociales o creencias atávicas, la cárcel debe ser el último recurso (o subsidiario), después de ensayar, consistentemente, fórmulas más afines con la naturaleza cultural del problema (en esta nación), incluyendo medidas administrativas y resarcitorias. En cambio de un compromiso con una política pública integral sobre discriminación, tenemos populismo punitivo.
En el espíritu inicial de este proyecto de ley hay sobreentendidos y omisión de realidades que revelan la inmadurez de la discusión. Se cree que será tan fácil como acusar a los racistas para que vayan a prisión. No. Habrá investigadores, abogados, pruebas y opinión social. El clasismo, que no está penalizado, se usará en la defensa.
Y, además, la ley no se hace para "ajuste de cuentas" entre grupos sociales. Se habla como si los afrocolombianos fueran las únicas víctimas de racismo. Hay mulatos que discriminan a negros, negros que discriminan a indígenas y, en ciertas circunstancias de mayoría o poder, a mestizos y a blancos; negras que quieren "mejorar la raza" y cometen "actos inequívocos" de "desprecio".
¿
También a ellos, aunque menos, los queremos llevar a prisión? ¿O es solo para los otros? Se desconoce, igualmente, que en estratos pobres, menos educados, cualquier incidente puede despertar la intolerancia racial de forma brusca.
¿Queremos a una cantidad de racistas de barrios populares en prisión? O, si se mantiene el objeto ampliado del proyecto de ley, ¿a muchos negros que tienen homofobia acentuada?
Típico del populismo es no interesarse por los resultados. O es un 'saludo a la bandera' o se promoverán juicios selectivos o de verdad van a meter a mucha gente a la 'guandoca'.
i es lo último, además de la capacidad carcelaria, hay que señalar dos riesgos que importan por su coherencia con la idea de sociedad que se quiere. "Racializar" las relaciones sociales. No sabemos a ciencia cierta cuánto pesa el color en nuestras relaciones sociales, pero si los altercados entre personas de distinta "raza" se vuelven susceptibles de judicializarse por ese motivo, dicho peso aumentará y estaremos retrocediendo.
A menos, claro, que se busque definir a las personas por su color, a despecho del sueño de Martin Luther King Jr.
Riesgo concomitante: fomentar la identidad racial en la mayoría de colombianos que no la sienten ni la necesitan. Si cada vez que interactúen con un afrocolombiano tienen que verlo por su color, por si acaso los acusan, terminarán autoidentificándose por oposición.
¿Queremos tal caldo de cultivo de división, que no conviene a nadie, y menos a los negros?
Claro que debemos enfrentar el problema del racismo y las varias discriminaciones, sin descartar el uso del 'garrote', desapasionada y creativamente, pero hay que hacer la tarea bien, hacer buena política pública, así al comienzo los bienintencionados no estén contentos.
EL ESPECTADOR
PROCURADURÍA, EN CONTRA DE MATRIMONIOS HOMOSEXUALES
El ministerio Público anunció que presentará un acto de nulidad de la sentencia en la cual se insta al Congreso a reglamentar uniones civiles entre parejas gay.
La Procuraduría insistirá en controvertir a quienes defienden la unión civil entre parejas del mismo sexo, tras anunciar su propósito de invocar la nulidad de la sentencia a través de la cual la Corte Constitucional le ordena al Congreso preparar un instrumento que les permita a los homosexuales protagonizar uniones similares a las del matrimonio.
Para el organismo de control, el alto tribunal desbordó los márgenes de sus competencias, al considerar que parejas que no son heterosexuales también pueden constituir familia y que vínculos afectivos o sentimentales de otro tipo de parejas también deben gozar de3 ese mismo reconocimiento.
“Corte Constitucional sustituyó la Constitución y cambió la ‘posición tradicional de la jurisprudencia’ para señalar, en contravía de cualquier interpretación gramatical, histórica, sistemática o teleológica del texto constitucional, que el concepto de familia tiene una ‘evolución’ y un ‘carácter maleable’”, dice la Procuraduría.
CONSERVADORES ARRECIAN CRÍTICAS A ADOPCIÓN DE MENORES POR PAREJAS GAY
l presidente del Partido, José Darío Salazar, vaticinó que “el artículo no se va a cambiar” en el Congreso para permitir llamar “matrimonio” a las uniones entre parejas del mismo sexo.
El presidente del Partido Conservador, José Darío Salazar, habló de porqué no se debe permitir la adopción de menores por parte de homosexuales.
Este lunes se escribió un nuevo capítulo en la pelea que vivirá a largo plazo el país frente al matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción de menores por parte de éstas.
Al conocer que el Polo Democrático Alternativo radicará un proyecto encaminado a permitir la adopción por parte de parejas de homosexuales, el presidente del Partido Conservador, senador José Darío Salazar, volvió a arremeter contra esa iniciativa.
El legislador insistió en que permitir esa adopción afecta las tendencias de los menores de edad.
“Nos opondremos de una manera radical…psicológicamente y sociológicamente se vería afectado el menor; además, sus tendencias naturales se pueden ver confundidas…solamente el matrimonio entre hombre y mujer está llamado dentro de unos parámetros de respeto, solidaridad y valores éticos a formar a menores”, recalcó Salazar.
“La adopción es un hogar sustituto para el niño que han traído a la vida un hombre y una mujer, entonces no se le puede llamar a un hogar sustituto a una pareja del mismo género”, enfatizó el jefe de las huestes ‘azules’.
Al volver a referirse acerca del matrimonio entre parejas gay, Salazar dijo que “nosotros no concebimos así la familia porque ésta fue creada entre un hombre y una mujer”.
Y vaticinó: “el artículo no se va a cambiar en el Congreso y tengo la absoluta seguridad de que el 80% de los colombianos ratifican la idea de familia como la hemos conocido en occidente entre un hombre y una mujer”.
Sin embargo, los conservadores tienen una 'tabla de salvación' para su defensa. El representante de La U, Miguel Gómez Martínez, radicó una iniciativa que busca bloquear la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
“No podrían adoptar porque la Constitución define que primero están los niños y se debe garantizar su desarrollo”, aseguró.
Pese a esto, Gómez en su proyecto también pensó en la petición que hizo la Corte Constitucional al Congreso para que legisle sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo.
El congreista en su proyecto crea la figura de 'pacto civil' o 'contrato civil' para que los notarios puedan utilizar esa figura para unir a las parejas del mismo sexo.
CON DERECHO A OBJETAR
Por estos días se debate en el Congreso un proyecto de ley que busca regular el derecho a la objeción de conciencia.
De acuerdo con sus proponentes, se trata de una norma que desarrolla el artículo 18 de la Constitución, el cual permite a toda persona determinar libremente su conciencia —creencias, ética, moral, etcétera— y a actuar conforme a ello. De esta manera, ciudadanos de toda clase podrán oponerse a prestar ciertas obligaciones que la ley les pide, siempre y cuando tengan unos valores fuertemente arraigados (y además probados) que estén en manifiesta oposición con ella.
Miembros de sectas que prohíban expresamente pertenecer a un movimiento que use la fuerza física podrán decir no al Ejército; médicos fervorosos de la fe cristiana, que piensan en el origen de la vida desde el momento de la concepción, serán habilitados para negarse a practicar un aborto legal; fundamentalistas que no creen en los conceptos de patria o nación podrán abstenerse de rendir honor a símbolos con los que no se identifican. Un país como Colombia, que contiene múltiples manifestaciones de creencias y culturas, necesita flexibilizar los deberes que por ley les impone a sus ciudadanos de forma homogénea. Este reconocimiento a la diversidad de modos de vida es, sin duda, uno de los avances que se consiguieron con la llegada de la Constitución del 91.
Pero la línea es delgada y suscita muchas preguntas. Los ejemplos mencionados son casos fáciles, extremos, que prácticamente no generan ninguna discusión sobre la respuesta correcta. Pero, ¿si no se trata del miembro de un secta ampliamente reconocida, sino de una persona que, como modo de vida, nunca practica la violencia? ¿O un médico que cree en Dios, pero no tiene cómo probarlo porque no pisa una iglesia hace 15 años? ¿Tal vez una persona cualquiera que no le guste cantar el himno colombiano por no sentirse identificado con él? Y a estas preguntas se suman otras de índole práctico, de la aplicación misma del proyecto: ¿cuáles son las pruebas válidas para acreditar la convicción? ¿Cuál el nivel de arraigo requerido para poder objetar de conciencia? ¿Quién juzgará, y bajo qué parámetros, el caso concreto de la persona que se opone al cumplimiento de su deber?
Si bien es cierto que la procuradora delegada Ilva Hoyos ha afirmado que el proyecto no busca interferir con otros, sí parece llegar en el momento justo para plantear toda una batalla ideológica y enfrentarse a nuevos problemas.
Hace ocho días la Corte Constitucional dio a conocer su decisión sobre el matrimonio de parejas homosexuales. No sólo reconoce que las uniones entre personas del mismo sexo pueden constituir una familia, sino asegura que para esta población ha habido un “déficit de protección” que debe ser corregido por el Congreso en los próximos dos años. De no hacerlo, las parejas podrán acudir ante un notario para legalizar su unión. Dos días después de este fallo, los proponentes del proyecto querían ampliar sus efectos al caso de los notarios para que, en aras de su libertad de conciencia, algunos puedan oponerse a celebrar el acto de unión de la pareja.
No se sabe muy bien cuáles creencias específicas se están protegiendo con la inclusión de este caso concreto ni qué conductas puedan cobijarse eventualmente bajo la fachada de la objeción de conciencia. Tal vez la inclusión de estos funcionarios sea necesaria, no se sabe si no se da antes un debate serio al respecto. Lo cierto es que la discusión del proyecto debe ser vigilada con lupa, no sólo para ahorrarse las fallas en la implementación, sino también para evitar que los ciudadanos, bajo cualquier pretexto, se permitan incumplir la ley por razones mucho menores a las de libertad de conciencia.
REVISTA SEMANA
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA: EL FENÓMENO DE LA NIÑA Y EL MENSAJE A LOS CORINTIOS.
Por Juan Cristóbal Restrepo*
¿Hacia dónde puedo enfocar este breve homenaje constitucional? Dos son los caminos que, frente al común denominador, toman una vía parecida y, sin embargo, disímil: la Constitución Política y nuestros miedos colectivos.
Se han celebrado los 20 años de la Constitución de 1991. Han abundado las anécdotas, los análisis críticos, los balances políticos, económicos y sociales, las exaltaciones acríticas y, en algunos casos, optimistas. El común denominador ha sido mostrar las crisis de los 80 y 90, el proceso constituyente y el cambio constitucional, las reformas en los gobiernos Samper, Pastrana, Uribe I-II y Santos I y las trasformaciones socio-culturales en estas dos décadas.
¿Hacia dónde puedo enfocar este breve homenaje constitucional? Dos son los caminos que, frente al común denominador, toman una vía parecida y, sin embargo, disímil: la Constitución Política y nuestros miedos colectivos.
El primer miedo: a crecer como colectivo, buscando siempre un gran padre, el mágico tutor, el dios absoluto. Lo ilustraré con un ejemplo. El 28 de mayo en los llamados, al mejor estilo neo-pentecostal brasileño, “Acuerdos para la Prosperidad”, el presidente Juan Manuel Santos reveló que el Fenómeno de La Niña había acabado. Los colombianos respiramos con tranquilidad, las sombrillas se botaron. Lo que siguió es digno de nuestro realismo macondiano: como en las semanas siguientes arreciaron las lluvias, los periodistas se comunicaron con funcionarios del Ideam para increparlos ya que, a pesar del anuncio presidencial, seguía lloviendo en el país. Vladdo lo describió cuando, desde el Santuario Presidencial, expresó: “El decreto por medio del cual se abolía el Fenómeno de la Niña queda derogado” (Semana 1518).
A pesar de la Constitución del 91 el presidencialismo sigue aferrándose en la sociedad colombiana. Analizado, más allá del (des)ajuste institucional en el cual prevalece funcionalmente la cabeza de la Rama Ejecutiva, como una sombra simbólica que intimida la organización social, impide la autoorganización colectiva, refrenda la necesidad de un gran padre -bueno o malo- que nos resuelva todo, que no nos deje enfrentarnos a nuestras luces y sombras como sociedad y que nos premie o castigue cuando sea necesario. Más que un santo queremos una divinidad. Con razón, en reciente propaganda de Colombia Humanitaria, una señora de edad pudo decir desde el corazón: “Confiando en Dios y en nuestro mandatario todo volverá a ser igual”.
El segundo miedo: a construirnos, solidariamente, como sociedad plural; a responder el qué somos como colombianos. Vuelvo a Vladdo quien, en Semana (1524), ilustró de forma real este realismo mágico. “Mensaje a los “corintios”: Vengo a decirles –señala el primer mandatario- a todas las víctimas del terrorismo que mucho ánimo, que la Selección Colombia clasificó de primera en el grupo”. En medio de la barbaridad por la toma de las FARC nos fue mostrado al presidente viendo fútbol, cantando el o los goles colombianos (¿?), llamando -en medio de Generales de la República, los soldados y el conflicto armado- al Profesor Hernán Darío “Bolillo” Gómez.
A pesar de la Constitución del 91 seguimos teniendo una sociedad dividida, fragmentada e individualista (lo cual, a pesar del liberalismo político, es una contradicción en sí misma). Es una sociedad que no teje vínculos ni representaciones que nos enfrenten a la realidad histórica, a la tragedia humanitaria que vivimos y a los duelos que hemos aplazado, para poder así construirnos. El problema no es ni siquiera el mensaje a los corintios del “divino” Santos. El problema es que la gran mayoría de los colombianos -incluidos los de la FARC-, a excepción claro está de los habitantes de Corinto (Cauca) cuyos televisores habían sido destruidos, estábamos viendo y celebrando el partido de la Copa América.
Por eso, en este breve homenaje, que la constitución –que no es divina, sino muy humana (con c minúscula y no mayúscula)- nos permita superar los miedos para crecer colectivamente –en los social y lo institucional-.
CARACOL RADIO
PROCURADURÍA PIDE ANULAR SENTENCIA QUE RECONOCE COMO FAMILIA A PAREJAS HOMOSEXUALES
El procurador General, Alejandro Ordóñez, pedirá a la Corte Constitucional la anulación del fallo que contempla el concepto de familia para parejas del mismo sexo.
El jefe del Ministerio Público se declaró preocupado ya que según él, la Corte sustituyó la Constitución y cambió la “posición tradicional de la jurisprudencia” para señalar, en contra vía de cualquier interpretación gramatical, histórica, sistemática o telefónica del texto, que el concepto de familia tiene una “evolución” y un “carácter maleable”.
Dice el procurador que se varió “el concepto tradicional de familia […] atado a la heterosexualidad de la pareja”, pues consideró que “la institución familiar puede tener diversas manifestaciones que se constituyen a su vez, a través de distintos vínculos naturales o jurídicos” y dispuso una nueva regla constitucional.
CMI
LA FERIA DE OFRECIMIENTOS DE NOMBRAMIENTOS DE JUECES Y MAGISTRADOS QUE EN ESTE MOMENTO SE VIVE EN EL CONGRESO
. La angustia y la corrupción de algunos magistrados de la Judicatura es de dimensiones francamente escalofriantes.
Ya están ofreciendo a los congresistas puestos de magistrados de tribunales, de auxiliares y nombramientos de jueces amigos de los parlamentarios, a cambio de que voten contra la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura que se propondrá el próximo miércoles.
Especialmente uno de los magistrados de la Sala Administrativa anda pidiendo en el Parlamento listas de candidatos a jueces a amigos senadores y representantes para proceder a nombrarlos.
Como tenemos confianza en el Parlamento en general, ojalá los congresistas que reciban semejante ofrecimiento procedan a formular la respectiva denuncia pública. Así lo exige la ley e incluso lo ordena aprobar el estatuto anticorrupción.
Qué bueno sería que el Congreso imitara al Gobierno del presidente Santos en estas denuncias, para acabar con la corrupción en la justicia, que es lo más grave que le puede suceder a una nación.
DEFINITIVO: EL GOBIERNO PROPONDRÁ EL MIÉRCOLES, EN SU REFORMA A LA JUSTICIA, LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
El Consejo Superior de la Judicatura se declaró hoy, internamente, en emergencia y en practica sesión permanente para enfrentar su posible eliminación.
El presidente de la Judicatura, Angelino Lizcano, les informó a todos los magistrados de esa corporación que el ministro Germán Vargas Lleras le había comunicado oficialmente que el Gobierno mantenía inmodificable el artículo que contempla la eliminación de las dos salas de la Judicatura, que fue puesto a consideración de las Cortes y del mismo Consejo, desde agosto del año pasado.
Como el ministro Vargas dijo en algunas ocasiones que ese artículo se podría revisar, surgió la hipótesis de que el Gobierno habría cambiado el proyecto inicial.
No, no lo cambió... y el proyecto no solo contempla la eliminación total del Consejo Superior de la Judicatura, sino que traslada sus funciones a un Consejo de Gobierno, que estará integrado por los presidentes de las altas Cortes, por un delegado de jueces y magistrados de tribunales y otros delegados, uno de cada Corte, no magistrado, experto en Administración Pública.
¡Quién dijo miedo! Varios de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura comenzaron a planear la estrategia de oposición al proyecto, en el Congreso.
EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA ESTÁ CREANDO OTRO ENREDO ENTRE LAS CORTES
¿a qué se deberá la injerencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino, en la elección del director ejecutivo de Administración Judicial?
El pasado 13 de julio, la Comisión Interinstitucional, cumpliendo instrucciones de la Corte Constitucional, elaboró por tercera vez la terna de la cual se debe elegir el director ejecutivo de Administración Judicial, que ejecuta un presupuesto de 1,9 billones de pesos. Desde la semana pasada, la honorable Sala Administrativa viene sesionando para elegir uno de esos tres nombres.
Se ha conocido que existe una gran presión por parte de la honorable Corte Suprema de Justicia para que sea escogido uno de los ternados.
Mi pregunta es: ¿qué tiene que ver la honorable Corte Suprema de Justicia con este tema?, ¿qué busca?